También llamado Caso Austral, este Juicio encausó a los generales del ejército alemán durante la campaña bélica en la región de los Balcanes por los asesinatos injustificados y la violación sistemática de los Tratados y Leyes relativos a la Guerra.
Con la invasión alemana, desde 1941, a Albania (antigua Yugoslavia) y Grecia comenzaron los asesinatos de civiles desarmados utilizados como rehenes ante los ataques defensivos de partisanos armados.
Estos crímenes ordenados por 12 altos mandos del ejército alemán implicaron tortura y muerte de civiles de forma masiva así como la destrucción innecesaria e injustificada de propiedades individuales o poblaciones y aldeas enteras.
El Tribunal Penal de Nuremberg sopesó tanto las acusaciones formuladas por la Fiscalía como los alegatos presentados por los acusados en base a dos preguntas fundamentales:
1. ¿Se puede considerar a los partisanos como “personas beligerantes legítimas” y, por lo tanto, ser tratados como prisioneros de guerra?
El Tribunal, acogiéndose a las leyes de la Guerra del Convenio de la Haya de 1907, falló que los partisanos no podían ser considerados “personas beligerantes legítimas” y aclaró:
"Estamos obligados a sostener que tales guerrilleros eran tiradores francos que, en caso de captura, podrían ser sometidos a la pena de muerte. Por lo tanto, no se atribuye responsabilidad penal a la lista de acusados por la ejecución de guerrilleros capturados ...”
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2. ¿Se puede considerar la toma de rehenes y actos de represalia contra la población civil desarmada una especie de defensa contra los partisanos armados ya considerados “personas beligerantes no legítimas”?
Aquí surgen dos cuestiones legales:
a) Según el “Manual Británico de Derecho Militar” se permite la toma de rehenes y represalias contra la población civil sin especificar claramente la muerte de los rehenes.
b) Según el “Manual Básico de Campo y Reglas de Guerra Terrestre de los Estados Unidos” se permite la toma de rehenes y represalias contra la población civil especificando claramente la muerte de los rehenes.
Ante esta disyuntiva el Tribunal consideró que la toma de rehenes y ejecuciones de los mismos por parte de tropas alemanas fue un hecho legal.
Todos los acusados (Generales) alegaron que sus actos fueron consecuencia del cumplimiento de las órdenes recibidas por sus superiores, es decir, tanto por Adolf Hitler como por el Mariscal de Campo y Jefe de las Fuerzas Armadas el General Wilhelm von Keitel.
El Tribunal aceptó este alegato de defensa para aquellos generales de menor rango pero no para los superiores que, siendo conscientes de que estas órdenes violaban deliberadamente todos los Tratados de Derecho Internacionales, pudieron haberse opuesto a las mismas por su rango y puesto.
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